El pasado domingo 5 de septiembre fue interpuesta una denuncia en la que un joven afirmaba haber sido asaltado por ocho encapuchados en su portal que le marcaron la palabra «maricón» en la nalga y le profirieron una herida en el labio. Tras varios días de investigación policial, se ha confirmado que no existió ningún tipo de agresión al joven de 20 años y que los hechos fueron, en todo momento, consentidos y realizados en un domicilio.

Este final no es ni por asomo el esperado por nadie. Sin embargo, resultaba extraño que la agresión no fuera grabada por ninguna de las cámaras de seguridad de la céntrica zona madrileña. No hubo asaltantes ni agresión homófoba. Sólo un chaval que aspiraba a convertirse en el siguiente abanderado de los movimientos LGTB. De hecho, ya se habían convocado varias concentraciones en repulsa de lo sucedido. Movilizaciones que quedarán en nada después de que el supuesto agredido se retractara de lo argumentado en la denuncia.

El espectro político en su eterno esplendor salió a colgarse el cartel contra la violencia. Los unos inculparon a los otros por incitar el odio. Y aquellos a la inmigración ilegal. Pero todos tuvieron su momento de gloria en televisión, radio o Twitter. En busca de los focos que generan polémicas tan fugaces como esta. Al denunciante, una pena de multa que va de los seis a los doce meses. Y el resto, a otra cosa.

Las acciones que han copado minutos en los telediarios no tendrán, por suerte, mayor perjuicio. Pero el acto en sí refleja la facilidad con la que un hecho se convierte no sólo en noticia reseñable, sino en acto abanderado de cualquier activismo. Sin nada a su favor, la denuncia continuó surcando sus minutos de oro hasta que terminó desfalleciendo. Aunque no siempre sucede lo mismo.

Sin ir más lejos, otro escándalo acontecido durante el pasado fin de semana. Unas conocidas influencers, Devermut, señalaron públicamente a un garito de Conil de la Frontera como un lugar homófobo. Sin pruebas, pero sin dudas. Tuvo que ser la propia discoteca la que difundiera un vídeo de la scámaras de seguridad que dejaba en evidencia a la pareja que trató de hundir un negocio con larga tradición en el municipio gaditano. Pero lejos de rectificar y reconocer su error, hoy han lanzado un comunicado sin pies ni cabeza que demuestra no sólo la testarudez por llevar una razón que nunca fue suya, sino también la imperiosa necesidad por captar el máximo cupo de atención posible.

Así las cosas, el chaval «agredido» no tendrá que hacer frente a penas de prisión y la pareja acusadora sigue en las redes sociales haciendo el ridículo. Pero ¿quién gana aquí? Como si se tratara de una guerra, las tribus urbanas se pelean en redes para ver quién sale más beneficiado de unas situaciones que nunca debieron tener lugar. Una escalada de idiotez cuyo límite es cada vez más difuso. Y mientras la espiral interminable no para de extenderse, las consecuencias de actos peligrosos quedarán, una vez más, impunes.